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Hasta el 95% de las verduras de consumo nacional presentan altos niveles de pesticidas

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Repollo, apio y tomate concentran la mayor cantidad de agro químicos. El SAG conocía este revelador estudio desde hace más de un año, pero no lo había dado a conocer, hasta ahora.

Por Ivette Arriagada, Paula Campos, Yessenia González, Ana Karina Huircán, Romina López, Martina Salvo, Gabriel Soto y Francisca Urroz.
29 de agosto 2008


Antes fue la carne de cerdo. Ahora son las verduras. Ambos alimentos son perjudiciales para la salud de los chilenos. ¿La razón? El uso de pesticidas.

Que el estudio se diera a conocer no fue fácil. El informe estuvo bajo siete llaves por más de un año. Pero la magnitud de sus resultados pesó más. Tras arduas gestiones con el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), finalmente la realidad salió a la luz pública.

El informe revela la presencia de altas concentraciones de Metamidofos (52%), Clorhidrato de Cartap (19%), Lambdacihalotrina (16%), Metomilo (10%) y Pirimicarb (10%), todos pesticidas dañinos para la salud humana.

“Un plaguicida no es más que un biocida ya que mata organismos celulares. Una mosca, un mosquito, una arañita o una célula humana”, explica Victoria Mella, obstetra del Hospital Regional de Rancagua, ciudad donde se registran tres veces más casos de nacidos con malformaciones que en el resto del país, según agrega la experta.
Sólo por dar un ejemplo, la inhalación o absorción a través de la piel de Metamidofos “daña seriamente el sistema nervioso, el hígado y, además, está vinculado a cambios conductuales”, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
La institución agrega, que en términos ambientales, la presencia de este pesticida tendría serios efectos tóxicos en aves, peces, abejas y animales silvestres. Otra de las consecuencias de este químico, explican en OLCA, es que puede incluso causar la muerte del ganado que consume alimento contaminado.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que “para proteger la salud y bienestar de los trabajadores y de la población en general, la manipulación y aplicación de Metamidofos se confíe exclusivamente a personal perfectamente capacitado y debidamente supervisado, que deberá adoptar medidas adecuadas de seguridad y utilizar la sustancia química con arreglo a unas buenas prácticas de aplicación. Los trabajadores expuestos habitualmente deberán someterse a controles y reconocimientos médicos apropiados”.

Sin embargo, la investigación del SAG revela que 52% de los agricultores muestreados (entre I y VII región) no cumplen con las normas fitosanitarias por la cuales se rige Chile: Codex Alimentario y Resolución Exenta 581 del Ministerio de Salud del año 1999.


Dos años de silencio

En el marco del Sistema de Monitoreo Sanitario para la Agricultura (SIMSA) se anunció la futura realización de un estudio que buscaría determinar las áreas vulnerables por el uso de plaguicidas entre la I y la VII región. El informe sería la directriz que posibilitaría la modificación de los procedimientos agrícolas que no se enmarcaran en el manual de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) elaborado por el Servicio Agrícola Ganadero.

"Manejo de Agroquímicos en Sistemas Hortícolas”, así se denomina la investigación que revela alarmantes cifras de contaminantes en los productos de consumo nacional.

Según el equipo que realizaría el estudio, los resultados de éste se publicarían, como fecha máxima, en abril de 2007. Llegada la fecha, algunas ONGs interesadas en conocer las conclusiones como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) solicitaron la investigación. Sin embargo, aún siguen esperando.

La respuesta oficial fue que el estudio aún no había concluido dado que se estaba realizando una segunda parte. Pero entre personeros del mundo del agro era un secreto a voces.

“Sabemos que existe porque los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura han filtrado información", comenta Lucio Cuenca, director de la Coordinación Nacional del OLCA.

“Todos conocemos el informe del SAG, pero sabemos que por los malos resultados que revela con respecto al uso de pesticidas en las verduras, no se ha querido dar a conocer”, asegura Leila Cárdenas, ingeniera Química.

Tras la negativa del SAG, en mayo de este año las organizaciones interesadas incluso recurrieron al Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, para que interviniera y lograra acceder a los resultados. Pero como él mismo lo confirma: “no estoy en conocimiento de haber recibido respuesta del Minagri”, dijo.

El oficio enviado el 20 de mayo de 2008 a la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl dice: “solicito dirigir oficio a la señora Ministra de Agricultura, con el objeto de que envíe a esta Corporación (Senado) el texto del estudio antes mencionado”.

Otro dato relevante es que la investigación fue realizada con fondos públicos, por lo que sus resultados, por Ley, debían ser dados a conocer. Según Lucía Sepúlveda, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL), el costo total de este estudio ascendería a $ 150 millones.

Los esperados resultados

Según Sepúlveda, el informe confirmaría la presencia de residuos de diversos plaguicidas —entre ellos, metamidofos, un insecticida organofosforado altamente tóxico— en varios productos de consumo diario, como tomate, lechuga y repollo. Y estaba en lo cierto.

El repollo sacó la peor nota entre las verduras examinadas. Ya que un 95,2% de la muestra arrojó residuos de pesticidas. Según la norma de la Unión Europea (UE) ni siquiera un ¼ de la producción podría ir a exportación. Otro de los vegetales que “reprobó” fue el Apio. El 87,5% de la muestra resultó contaminada.

En el caso del tomate, el análisis —realizado tanto en el cultivo al aire libre como en la producción de invernadero— arrojó que un 56,6% de las muestras tomadas entre la I y la VII regiones estaban contaminadas con algún residuo de plaguicida. Pero eso no sería nada si no fuera porque se detectaron valores que sobrepasan los límites establecidos por la UEE en un 8,9%.

Por su parte, la lechuga resultó en un 66,6% de la muestra contaminada con residuos de insecticidas. Comparada con la norma de la Unión Europea (UE), si la lechuga analizada se exportara, más de la mitad de los envíos (61,2%) no serían aceptados debido a la presencia de químicos no permitidos en esas regiones (Metamidofos y Dimetoato).

De los 13 diferentes tipos de vegetales analizados, algunos se salvaron: la papa y la cebolla. Ambos arrojaron que sólo el 5% de la muestra tenía presencia de residuos tóxicos, porcentaje bastante menor al encontrado en los casos mencionados.

Pero no todo es color de rosa. De aplicarse la norma de la Unión Europea, tanto la papa como la cebolla no podrían ingresar al mercado europeo. ¿La razón? Nuevamente la presencia de metamidofos.

Según el informe, la presencia de insecticidas en los productos analizados respondería a un mal manejo de estos, principalmente por dosis superiores a las recomendadas por el fabricante, periodos no adecuados con falta de agroquímicos y sistemas de aplicación inconvenientes

Situación de los pesticidas en Chile

Hace poco más de un año, el diputado Marco Enríquez-Ominami junto otros parlamentarios, presentó un proyecto de ley para modificar la actual normativa que regula el uso de plaguicidas en Chile. La propuesta planteaba prohibir expresamente “la importación, producción, comercialización, distribución y uso de plaguicidas de las categorías Ia y Ib”. En la actualidad el proyecto se encuentra a la espera de la votación en el Senado.

La moción presentada busca evitar los altos índices de intoxicación y enfermedades a largo plazo a causa del uso de plaguicidas, siendo Ia y Ib lo más peligrosos según la Organización Mundial de la Salud.

Aunque ya va más de un año, estos productos se siguen utilizando en Chile sin considerar que los estándares internacionales los tienen prohibidos desde hace varios años en países como Argentina, Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros.

Según datos entregados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Plaguicidas del Ministerio de Salud (REVEP), que datan desde 1997, anualmente y en promedio, 656 trabajadores agrícolas, a lo largo de todo Chile, sufren intoxicaciones agudas por plaguicidas, con un promedio de hospitalizaciones del 40%. Pero, además, se debe tener en cuenta que para que una intoxicación sea considerada como tal debe pasar por la aprobación de varios médicos que así lo establezcan. Por lo que muchos casos podrían quedar desechados en el camino.

El año 2007, la cifra de intoxicaciones por pesticidas fue de 710. De éstos, un 33% fue originado por los plaguicidas pertenecientes a los grupos Ia y Ib.

En Chile aún no existe una Ley rigurosa que fiscalice la aplicación de pesticidas, mientras tanto, cualquier persona, incluso un niño, puede entrar a un supermercado y comprarlos. “Para una nota en televisión en los 90’, mandamos a mi hija menor a comprar metamidofos. Ella entró, compró el químico y afuera mostró la boleta”, concluye María Elena Rozas, activista de RAP-AL.

 

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